De reformas y contrareformas
Eduardo García Michel
A propósito de la recién aprobada modificación de tasas impositivas, tildada por muchos con indignación y sorna como “paquete”, “parcho”, y otras denominaciones, valdría la pena recordar algunas iniciativas que son recordadas como reformas sustanciales y que, en su momento, jugaron un papel de trascendencia.
Conviene decir que a pesar de la importancia de cualquier medida de política pública, no existe seguridad alguna de que, luego de aprobada, sea aplicada o respetada, o como ha ocurrido ya tantas veces, objeto de vuelta atrás a la posición anterior. Eso ha ocurrido ya en varios casos.
La década de los noventa fue pródiga en iniciativas, motivadas en un deseo auténtico de resolver problemas, despejar obstáculos, abrir nuevos caminos.
Para empezar, en 1992, en el gobierno de Joaquín Balaguer, se acometió una reforma tributaria de largo alcance, que abarcó diversos tipos de impuestos, entre ellos el de la renta y el arancel de aduanas. Puso énfasis en el desmonte de tasas confiscatorias, eliminar distorsiones, mejorar las recaudaciones y en remover barreras que quitaban transparencia a la economía.
En 1994 se acordó una reforma política de gran calado, también siendo presidente Joaquín Balaguer, quién en esta ocasión se vio forzado a hacerlo por las circunstancias de un resultado electoral que se impugnó como ilegítimo. Fue ahí en esa coyuntura cuando se introdujo la prohibición de la reelección presidencial, se estableció la segunda vuelta, y quedaron separadas las elecciones presidenciales de las congresuales y municipales. Además, se pusieron las bases para la conformación de un sistema judicial de mayor confiabilidad.
Por su parte, en el primer gobierno del presidente Leonel Fernández se sometieron y aprobaron proyectos de alta relevancia, entre ellos la modificación de la ley de inversión extranjera para atraer inversiones, no para desestimularlas; la ley de capitalización de las empresas públicas para dar utilidad productiva a la herencia del tirano y alejarlas del reparto político; la ley de energía, encaminada a ordenar el sector eléctrico y a promover un mercado competitivo. Todas estas fueron medidas profundas y bien orientadas en su concepción, aunque no siempre así en su aplicación.
En el gobierno del presidente Hipólito Mejía se aprobaron iniciativas fundamentales. Quizás la de mayor significación fue la creación del sistema de seguridad social por su impacto positivo en lo social y económico. Se aprobó también la ley tributaria de combustibles, orientada a despolitizar el precio y dar estabilidad a los ingresos fiscales. En adición, se puso en vigencia la ley monetaria y financiera que contiene múltiples avances, entre los cuales están la prohibición de que el Banco Central financie al sector público, el robustecimiento de la autonomía del Banco Central, la elevación del rol de la Superintendencia de Bancos, y la consagración de la libertad cambiaria.
En los últimos gobiernos del presidente Fernández lo más relevante en esta materia ha sido la adecuación de la legislación a los requisitos del Cafta-RD, la reestructuración del arancel de aduanas y la consiguiente reducción de los niveles arancelarios. Asimismo, la aprobación de un conjunto de leyes dirigidas a conferir mayor transparencia al desempeño de las finanzas públicas y la creación de un conjunto de organismos destinados a ir en auxilio del aparato productivo para mejorar la competitividad.
Como se observa, aunque algunas de estas iniciativas fueron objeto de posteriores modificaciones, o no fueron aplicadas como se las concibió, no puede negarse que en todas ellas prevaleció un espíritu genuino de ir adecuando el país a la evolución de los tiempos y de fortalecer su aparato político, económico y social. Es por eso que resultaron trascendentes. Todas ellas concebidas con visión de futuro.
En cambio, la modificación tributaria recién aprobada, está condenada a pasar con mucha pena y nada de gloria, por carecer de sentido de dirección, como lo demuestra el hecho de que con tal de recaudar un determinado monto para el fisco, ha dado igual que los afectados fueren unos u otros, que las medidas causen o no distorsiones, frenen o no la economía.
Por encima de cualquier consideración se impuso la premura de capturar recursos de donde fuere, sin que haya existido el más mínimo sentido crítico acerca de su uso. Por eso resultará de ingrata recordación, porque dibuja un perfil de Estado que pocos están dispuestos a sustentar, a contrapelo de lo que debe esperarse del mismo.
