La END ya es ley y habrá que cumplirla
Eduardo García Michel
Acaba de promulgarse la ley que pone en vigencia la estrategia nacional de desarrollo 2010-2030, que invita a trabajar con obstinación para modelar el futuro por nosotros mismos.
Habrá quienes piensen que es un documento más; uno de tantos destinados a impregnarse de polvo, colocada en un anaquel de caoba. Puede que en esta ocasión sea diferente. Primero, es un documento con alto valor técnico. Segundo, es el resultado de la participación intensa de sectores importantes de la vida nacional en un proceso de consulta: empresarial, laboral, político, sociedad civil en general.
Y si bien el resultado final no está hecho a la medida de cada uno de esos sectores, refleja un importante nivel de acuerdo, que le da legitimidad. Aparte de que es lo suficientemente flexible para permitir que las metas sean revisadas de tiempo en tiempo para ajustarlas a las necesidades y posibilidades.
No obstante, por amplia que haya sido la participación, hay que reconocer que se limita a una porción pequeña del universo. Por tanto, la END tiene que ser socializada para que sea conocida por todos y asumida como un compromiso nacional.
Eso sí, líbrenos el señor de que esa socialización se haga en seminarios cansinos, con vara burocrática y fanfarria engominada, propia de las técnicas de adormecimiento colectivo. No, debería ser algo más auténtico, fresco, cuya dinámica sea movida por los estamentos sociales. Al fin y al cabo, la sociedad debe ser protagonista de su propio destino.
De todas maneras, conviene que comience a saberse que la END contempla compromisos a ser asumidos no en 2030, sino ya, ahora. Y lo decimos porque somos un país que gusta de la improvisación y tiende a no poner atención a lo que es lejano, por aquello de que “ya lo veremos cuando llegue el momento”. Pero es que ya ha llegado, o está por llegar, como se expone a continuación.
En efecto, recordemos solo algunos de los compromisos a ser concretados en el corto y mediano plazo.
En un plazo no mayor a un año, hay que acordar un pacto educativo y otro para el sector eléctrico, encaminado el primero a elevar la calidad de la educación y su cobertura, y el segundo a resolver los problemas “estructurales” de la energía. En ambos casos se trata, en esencia, de romper la cultura política que consiste en ampararse en el temor a actuar en lo que se percibe como impopular, aún fuere necesario para resolver asuntos fundamentales, y también en favorecer lo intrascendente, lo que otorga votos, aunque no resuelva nada.
Seguimos. En un plazo no mayor de dos años habrá que modificar el sistema de cesantía laboral, y considerar la introducción de un seguro de desempleo. Este es un tema que pocos han querido abordar, a pesar de las evidencias visibles de un mercado de trabajo que cada vez se inclina más hacia la informalidad y, por tanto, hacia la desprotección masiva de los trabajadores.
Es evidente que la meta tiene que ser ampliar el mercado formal, el empleo digno y protegido. Eso significa darle más flexibilidad a las leyes laborales y ajustarlas a la luz de los cambios importantes que introdujo la ley de seguridad social.
Es sencillo: con tanto desempleo y baja formación, acumular costos del orden de algo más del 70% del monto de la cotización de sus trabajadores en salud, pensiones y riesgos laborales a cargo de las empresas, y mantener cesantías ilimitadas en función de los años trabajados, es inducir a las empresas a la informalidad, o afectar sus posibilidades de competir y sobrevivir. A lo que se agrega que esa rigidez está siendo aprovechada por grupos de abogados inescrupulosos, para bloquear el funcionamiento normal de muchas empresas.
Continuamos. En un plazo no mayor de tres años habrá que establecer un plan de ordenamiento territorial, un marco legal para el sector agropecuario, y acordar una reforma fiscal integral. Todas ellas son reformas de amplio calado.
La del ordenamiento territorial hace tiempo que debió de ser acometida. Va a levantar muchas ronchas y los intereses particulares tratarán de bloquearla. Sin embargo, este país no tiene futuro si cada cual sigue pretendiendo hacer lo que se le antoje en el dominio de su propiedad. Hay que deslindar lo urbano de lo que no lo es; las áreas de servicio público de las privadas. Hay que delimitar cultivos y zonas de explotación agropecuaria, y separarlas de las destinadas a preservación ambiental, entre otras.
Lo ya dicho es muestra elocuente de que debemos tomar en serio la END. Los próximos años aparenta que serán de reformas profundas; necesarias. Preparémonos para orientarlas bien y apoyarlas.
